La actual administración de Estados Unidos está tomando un enfoque muy distinto para regular las emisiones de los vehículos en comparación con sus predecesores. Mientras que la aplicación de la Ley de Aire Limpio se intensificó durante años, haciendo titulares con multas civiles y multas penales a montones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se ha centrado últimamente en la desregulación. Esa tendencia podría escalar pronto, dependiendo de cómo responda la EPA a la nueva solicitud de derecho a reparar del presidente Donald Trump.
La Casa Blanca publicó un memorando de entendimiento el lunes, con el presidente impulsando para aliviar las “cargas regulatorias ambientales abrumadoras [que] hicieron que el costo promedio de los vehículos se disparara.” En respuesta a dichas cargas, está exhortando a la EPA a aclarar qué reparaciones de emisiones son legales y a emitir orientaciones para los consumidores para que eviten incurrir en infracciones de la CAA. Además, el presidente solicitó que la EPA trabaje para reducir la dependencia de la Junta de Recursos del Aire de California para la certificación de piezas —un obstáculo conocido para algunos fabricantes del mercado de repuestos aftermarket.
Pero tal vez la conclusión más relevante para los consumidores es esta: el Memorando de Entendimiento (MOU) del presidente Trump insta a la EPA a considerar despriorizar la aplicación contra “cualquier persona que, de buena fe, intente arreglar su propio vehículo para dejarlo en su configuración original.” En otras palabras, si alguien usa piezas que no están aprobadas por CARB o la EPA para reparar su auto o camioneta, la EPA debería contemplar si es necesario emprender acciones legales. Observa la última parte de la frase del presidente, sin embargo, ya que deja claro que su sugerencia se refiere solo a quienes intentan mantener la configuración original de su vehículo.
Uno podría asumir que eso descarta a cualquiera que retire deliberadamente equipos de emisiones de su vehículo, como el filtro de partículas diésel de una camioneta o el sistema de recirculación de gases de escape. Pero presta atención al hecho de que ninguno de estos memorandos es vinculante, sino más bien sugestivo. El presidente lo deja a la EPA para decidir qué debe y no debe aplicarse, lo que significa que el administrador Lee Zeldin—quien típicamente se inclina por los consumidores frustrados en lugar de por los legisladores ambientales—podría tener la palabra final.
Es demasiado pronto para saber qué significará esto para los propietarios de vehículos. Se podría hacer una conjetura informada de que la EPA escuchará las advertencias del presidente Trump contra una mayor aplicación. La gran pregunta es si la agencia dejará que los consumidores decidan qué modificaciones son permitidas y cuáles no, dependiendo de cómo se defina la “buena fe”.
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