Los conductores franceses difícilmente habrán presenciado un espectáculo tan patético de maniobras administrativas. Sí a las ZBE, cada vez más, y luego… ¡afligante!
Durante meses, diputados, ministros, autoridades y expertos autoproclamados anunciaron la supresión de las ZBE con tambores y trompetas. Luego, esta semana, el Consejo Constitucional desestimó el asunto de un plumazo, considerando que esa supresión no tenía cabida en la ley de “simplificación de la vida económica”. Resultado: las ZBE han vuelto. Circulen, no hay nada que entender.
Desde 2019, el expediente parece, sin embargo, una inmensa improvisación nacional. Las metrópolis han acumulado reglas locales, exenciones, prórrogas, excepciones profesionales y calendarios móviles. Un día, las etiquetas Crit’Air 3 estaban prohibidas; al día siguiente, algunas ciudades retrocedían ante la ira popular. Luego la Asamblea votaba la supresión total antes de que el Consejo Constitucional restableciera todo el dispositivo 24 horas después.
Cuando las ZBE riman con desbarajuste
Lo más fascinante sigue siendo el ballet burocrático desplegado alrededor de estas zonas de bajas emisiones. ¿Cuántas horas de trabajo legislativo, cuántas reuniones ministeriales, cuántos informes técnicos y consultas públicas para llegar a tal caos normativo? ¿Cuántos funcionarios movilizados para redactar textos que luego eran anulados, corregidos, pospuestos o reescritos?
Y sobre todo, ¿cuánto cuesta a los contribuyentes? Porque detrás de la telenovela política hay gastos muy concretos: señales de tráfico instaladas y luego modificadas, campañas de comunicación, software de control, equipos de verificación, sistemas de lectura de matrículas, movilización de las policías municipales, adaptación de las vías y multiplicación de los estudios de impacto.
Sin olvidar el costo indirecto para las administraciones obligadas a invertir en un entramado del que nadie parece capaz de garantizar su estabilidad jurídica o política.
En el fondo, el problema de las ZBE tal vez ya no sea ecológico. Se ha vuelto administrativo. Porque a fuerza de hacer y deshacer reglas al ritmo de los informes de poder político, los inútiles de las ZBE habrán logrado sobre todo una cosa: convertir el dinero público en una gigantesca rotonda burocrática.
